La normativa tributaria permite que el contribuyente por el Impuesto sobre sociedades (ente con personalidad jurídica) compense sus bases imponibles negativas autoliquidadas o liquidadas por la Administración tributaria con las bases imponibles positivas de periodos posteriores. Este derecho a compensar no tiene límite temporal, por tanto, podremos compensar hasta haber aplicado todas las Bases imponibles negativas generadas.

Límite anual del derecho a compensar

La compensación de bases negativas tiene en cada ejercicio económico un límite máximo a aplicar de 1 millón de euros, con ello se intenta evitar la “erosión de la base”. Ahora bien, si el importe a compensar fuese superior a ese millón de euros se estable un límite de compensación diferente, que sería del 70% de la Base imponible del propio ejercicio económico. Este límite a la aplicación de Bases negativas no se aplicará a las empresas de nueva creación en sus 3 primeros periodos impositivos.

Ejemplo A.

Obtenemos una Base imponible previa del ejercicio de 500.000€ y tenemos Bases Imponibles negativas de ejercicios anterior por importe de 400.000€. Podemos aplicar los 400.000€ en su totalidad por ser el importe a compensar inferior a 1 millón de euros.


Ejemplo B.

Obtenemos una Base imponible previa del ejercicio de 2.000.000€ y tenemos Bases negativas por 1.500.000€. Podemos aplicar las bases imponibles negativas hasta alcanzar el 70% de la Base del ejercicio, 70% sobre 2.000.000€, aplicaremos una compensación de 1.400.000€

Periodo de prescripción

El plazo tributario de prescripción es de 4 años a contar desde el día siguiente a aquel en el que finalice el plazo establecido para presentar la autoliquidación, pero el derecho de la Administración tributaria para comprobar las bases negativas compensadas o pendientes de compensar prescribe a los 10 años.

Transcurrido el plazo de prescripción

Transcurridos los 10 años de prescripción para comprobar las bases imponibles negativas la Administración Tributaria únicamente podrá requerir la presentación de las autoliquidaciones y la contabilidad depositada en el Registro Mercantil.

Eso significa que pasado ese periodo de 10 años la Administración no podrá cuestionar los criterios interpretativos aplicados por el contribuyente.

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